Los aplazamientos tributarios, que entrarán en vigor este viernes, ascienden a 236,8 millones de euros.
La inyección de liquidez a los empresarios que cumplan los requisitos supondrá un desenbolso de 165 millones para la administración autonómica.
El Consejo del Gobierno de Canarias ha acordado este jueves que el aplazamiento o moratoria fiscal, por importe de 236,8 millones de euros, afecte también a las deudas que están en el periodo ejecutivo, ha informado el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.
Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Román Rodríguez ha indicado con las medidas excepcionales acordadas se va «más allá» de las obligaciones ordinarias del ejecutivo y ha recordado que el plan extraordinario tiene dos elementos, uno de los cuales es el aplazamiento o moratoria fiscal y otro las ayudas directas a fondo perdido, por importe estas de 165 millones de euros.
Los aplazamientos está previsto que entren en vigor mañana, cuando el decreto ley se publique en el Boletín Oficial de Canarias, e incluyen la moratoria ordinaria del primer trimestre del IGIC y del AIEM, que debían abonarse el 20 de abril y se podrán abonar el 20 de octubre, sin intereses de demora.
Román Rodríguez ha aseverado que ningún otro territorio de España ha garantizado estos aplazamientos sin intereses, ni siquiera la Administración central, y ha agregado que cuando venza ese plazo quien no pueda pagar podrá percibir otro aplazamiento.
El segundo paquete de moratorias se refiere al aplazamiento de los tributos fraccionados, de modo que se amplía seis meses sin intereses, y el consejero ha dicho que de este modo si alguien tiene un compromiso con la Hacienda canaria de pagar 7.000 euros de deuda fraccionada, se aplaza.
Con la primera medida de aplazamiento por cuantía de 194 millones de euros se traslada esa cantidad de dinero a las empresas, en detrimento de la administración autonómica, que recurrirá a una póliza, y la segunda será de una cuantía aproximada de 41,8 millones de euros.
Román Rodríguez ha destacado que a esas dos moratorias se ha añadido «tras una dura discusión, una medida sin antecedentes», y es la de ampliar el plazo a quienes están en periodo ejecutivo, y a quienes el aplazamiento se aplicará por seis meses siempre y cuando la pérdida del pago se produjera después del 14 de marzo de 2020.
Quienes hayan pactado un aplazamiento y no haya podido cumplir podrá participar en las convocatorias de ayudas, incluso quienes estén en fase ejecutiva, con lo que además de liquidez se da una oportunidad, ha señalado el vicepresidente.
Con estas tres medidas, ha insistido, el Gobierno de Canarias renuncia a 236,8 millones de euros de liquidez. El consejero ha subrayado que «de forma inequívoca» el Ejecutivo canario «hace todo lo que permite la legislación y de forma más generosa que cualquier otra administración».
La segunda parte del plan extraordinario son las ayudas por importe de 165 millones de euros cuyos fondos serán europeos y se están reprogramando con el Gobierno central y la UE, y Román Rodríguez ha afirmado que si hubiera dificultades se resolvería con fondos propios.
«Que no quepa duda», ha dicho Román Rodríguez, quien ha señalado que se procurará que el dinero llegue a los sectores más dañados y lo antes posible.
También ha apuntado que las ayudas directas están pendientes de las bases y convocatorias, en las que se trabaja.
