El Gobierno de España y Canarias acuerdan la creación de un órgano bilateral para reforzar la participación del archipiélago en materia aeroportuaria, una reivindicación histórica de la comunidad autónoma
El Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado han sellado este viernes la creación del Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado, que permitirá a la comunidad autónoma abordar de manera estable en la planificación y en las decisiones que afectan a los ocho aeropuertos de interés general del archipiélago. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han dado el visto bueno al acuerdo, que da cumplimiento al artículo 161 del Estatuto de Autonomía y responde a una reivindicación histórica de las islas.
El acuerdo, según informa un comunicado, alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, culmina años de trabajo y negociación para garantizar que Canarias pueda acceder a las decisiones sobre unas infraestructuras estratégicas para su conectividad, su economía y su cohesión territorial.
Tras la reunión, Fernando Clavijo destacó que “hoy damos un paso vital que permitirá a Canarias tener opinión y abordar las decisiones sobre unas infraestructuras esenciales para nuestra movilidad, para el transporte de mercancías y para nuestra economía”.
Esfuerzo de ambas administraciones
El presidente valoró el esfuerzo de ambas administraciones y defendió que el entendimiento alcanzado es resultado del diálogo, la seriedad, el rigor y la solvencia. “Hoy culminan años de trabajo de las dos partes. Hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo que permite a Canarias tener voz en decisiones estratégicas para el presente y el futuro de nuestras islas”, afirmó.
Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, destacó que “dejamos de ser simples testigos de lo que ocurre en nuestros aeropuertos para convertirnos en protagonistas de las decisiones que afectan a estas infraestructuras”.
Rodríguez subrayó que Canarias cuenta con algunos de los aeropuertos más rentables y defendió que esa rentabilidad debe traducirse en inversiones que respondan a las necesidades del archipiélago. En este sentido, señaló como uno de los principales retos el seguimiento del DORA III, que prevé inversiones superiores a los 1.800 millones de euros entre 2027 y 2031, y adelantó la intención de convocar cuanto antes la primera reunión del nuevo órgano.
Participación en la planificación y las inversiones
El Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado establece un marco permanente de participación de la comunidad autónoma en la planificación de los aeropuertos de interés general.
Entre sus funciones figura recabar las propuestas del Gobierno de Canarias antes de la elaboración de los planes directores y emitir informes preceptivos sobre estos documentos antes de su aprobación por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
También participará en la preparación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que establece las inversiones de Aena para cada periodo de cinco años. Canarias podrá trasladar sus necesidades de conectividad e inversiones, intervenir en su elaboración y emitir un informe preceptivo, incluidos los elementos que determinan el cálculo de las tarifas aeroportuarias.
Además, conocerá las actualizaciones anuales de las tarifas y la ejecución de las inversiones aprobadas, con la posibilidad de desarrollar mecanismos específicos de seguimiento del DORA III 2027-2031 y posteriores.
El órgano podrá asimismo evaluar las necesidades de conectividad del archipiélago, promover nuevas rutas nacionales e internacionales y abordar cuestiones relacionadas con la calidad del servicio, la sostenibilidad y la conexión de los aeropuertos con otros medios de transporte.
Composición paritaria
Tendrá una composición paritaria, con cuatro representantes de Canarias y cuatro del Estado, y una presidencia rotatoria anual que corresponderá inicialmente a la Comunidad Autónoma de Canarias. Se reunirá trimestralmente o cuando lo solicite cualquiera de las partes, con un plazo máximo de quince días para celebrar las reuniones extraordinarias.
Ninguna administración podrá vetar la inclusión de asuntos relacionados con las funciones del órgano en el orden del día. Las decisiones se adoptarán por consenso y, en caso de discrepancias en los informes, quedarán reflejadas las posiciones de ambas partes.
Una reivindicación histórica de Canarias
La firma culmina un proceso de negociación iniciado formalmente el pasado 12 de enero, cuando Fernando Clavijo solicitó al Gobierno de España desarrollar las previsiones del Estatuto de Autonomía en materia aeroportuaria.
Tras una primera reunión en abril, ambas administraciones activaron grupos técnicos de trabajo y acordaron en julio avanzar hacia un órgano bilateral específico, adaptado a las singularidades de Canarias.
El artículo 161 del Estatuto reconoce la participación del archipiélago en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general, en los términos establecidos por la normativa estatal, así como en las decisiones sobre tasas y otras prestaciones económicas aeroportuarias.
El acuerdo establece ahora un mecanismo permanente para hacer efectiva esa participación dentro del marco competencial vigente.
Traspaso de aeródromos y helipuertos
La Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias ha acordado también el traspaso de funciones y servicios sobre los aeródromos de Antigua, en Fuerteventura, y El Berriel, en Gran Canaria, así como nueve helipuertos del archipiélago.
Se trata de los helipuertos de Artenara, Hospital Universitario Insular y Puerto de Las Palmas, en Gran Canaria; Adeje, Hospital Universitario de Canarias, Hospital de La Candelaria y La Guancha, en Tenerife; San Sebastián de La Gomera y Puntagorda, en La Palma.
El traspaso, previsto para el 1 de enero de 2027, permitirá a Canarias asumir funciones de planificación, autorización, construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo de estas infraestructuras, sin perjuicio de las competencias reservadas al Estado.
