La tasa verde se aprobará el 6 de junio en el Parlamento Europeo y podría incrementar el precio de los billetes hasta un 50 %
Coalición Canaria (CC) urge al presidente canario, Ángel Víctor Torres, a lograr que toda la conectividad aérea de las RUP quede blindada frente a la directiva que fijará el nuevo impuesto verde, una tasa verde que aprobará el 6 de junio el Parlamento Europeo y que podría incrementar en un 50 % los billetes de sus rutas internas e internacionales.
Así lo han expuesto este jueves en una rueda de prensa el secretario general de CC, Fernando Clavijo, y el diputado Pablo Rodríguez, quienes han lamentado que, ante la inminente aprobación del nuevo impuesto verde que se prevé aplicar al transporte aéreo y marítimo a partir de 2024, España no haya dado ya la batalla para salvaguardar de esta tasa europea sobre las emisiones de carbono a toda la conectividad aérea de Canarias, y no sólo a las conexiones entre el archipiélago y la Península, como, según se ha anunciado, se ha comprometido la Comisión Europea.
CC consideran que el Gobierno canario y el español llegan tarde
Tanto Clavijo como Rodríguez han recalcado que este asunto comenzó a tramitarse el 14 de julio de 2021, por lo que consideran que el Gobierno canario y también el español «llegan tarde, en el último momento», para tratar de frenar la medida. A juicio de los nacionalistas, la nueva fiscalidad solo tiene una única finalidad, la recaudatoria. Su aplicación podría «lastrar» el turismo, que es el motor de la economía del archipiélago.
Si nadie lo remedia, han advertido, desde el 1 de enero de 2024 el precio de los billetes aéreos interinsulares y los de las rutas que unen a Canarias con el resto del mundo podrían incrementarse hasta en un 50 %. Este hecho también podría ocurrir con el transporte marítimo. En opinión de CC, «no tiene sentido» en un territorio como el archipiélago, donde no hay más alternativas de movilidad que esas dos.
Perjudicial para la actividad turística y para los residentes
CC considera que la nueva fiscalidad será muy perjudicial para la actividad turística, pero también para la vida de los residentes en Canarias. A la mayoría le será imposible asumir esos sobrecostes, aseguran, a la hora de coger un avión, no solo por placer, sino para hacer frente a sus necesidades laborales, sanitarias o familiares, es decir, para cumplir con sus obligaciones cotidianas.
«Hace tres años que decimos que el Gobierno de Canarias tiene poca influencia en las políticas que se derivan de Moncloa y de Bruselas. Esto lleva más de un año negociándose y llegamos tarde, ojalá que se pueda salvar», ha manifestado Pablo Rodríguez.
Clavijo y Rodríguez han asegurado que sus demandas son en favor de que Canarias siga igual de conectada, no en contra de esta nueva fiscalidad.
Región ultraperiférica
Ambos han recordado, además, que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE «reconoce la noción de ultraperiferia, que permite adaptar y exceptuar las normas europeas, así como adoptar medidas particulares y duraderas en su beneficio». Así, no se explican por qué no se ha apelado a él para reivindicar que se exceptúe a estas regiones.
«Sería cortarnos las alas. Han mirado para otro lado, quizás porque les viene bien la recaudación», ha aseverado Clavijo. Asimismo, ha estimado que con esta propuesta «la UE busca un turismo de Kilómetro cero que sería la muerte de Canarias».
