Se subsana así el defecto que llevó al TSJC a acordar la suspensión cautelar del catálogo por entender que el no estar publicado en el BOC lo privaba de eficacia jurídica
El Boletín Oficial de Canarias publica este miércoles las 2.599 páginas del catálogo de vestigios franquistas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para subsanar el defecto que llevó al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJC) a acordar su suspensión cautelar.
La publicación corresponde a la orden de 4 de noviembre de 2022 por la que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias aprobó el catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en las islas, que inicia en Santa Cruz de Tenerife.
En el catálogo, realizado por el equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y Ricardo Guerra por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se incluye además un capítulo en el que menciona los honores concedidos a personalidades del régimen por parte de la capital tinerfeña.
El hecho de que este catálogo no fuese publicado en el BOC, sino que se difundió a través de una página en internet de la Consejería, provocó que el TSJC lo suspendiese de forma cautelar al entender que eso lo privaba de eficacia jurídica.
Críticas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
El catálogo, que se desarrolla las leyes de Memoria Histórica de 2007 y de Memoria Democrática de 2022, había sido criticado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Su equipo de gobierno (Coalición Canaria-PP) entendía como un agravio que ese listado de calles, monumentos y recuerdos asociados a la Guerra Civil y al franquismo solo incluyera por el momento elementos situados en su ciudad, pero no en otros municipios.
A ello, la Viconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias (gestionada por Unidas Podemos) venía respondiendo hasta ahora que los catálogos se van publicando conforme se terminan los trabajos encargados a los expertos. De modo que se había aprobado el Santa Cruz y se trabaja, entre otros, en el de Las Palmas de Gran Canaria.
Sin embargo, el asunto no ha llegado a la Justicia de la mano del Consistorio, sino de un colectivo particular. La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, la misma que defendía en los tribunales de Madrid que se retirara el nombre de una calle al presidente del Gobierno de la República Francisco Largo Caballero.
El mismo día en que se tuvo conocimiento de la decisión del TSJC el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, señaló que nada va a impedir que siga trabajando para hacer cumplir la ley de Memoria Histórica y la retirada de vestigios franquistas porque el TSJC no ha entrado en el contenido del catálogo correspondiente, sino en la forma, la publicación.
Levantar la suspensión
Por ello mostró su intención de publicar lo antes posible el catálogo en el BOC. Lo que ha sucedido este miércoles, para proceder a comunicarlo al alto tribunal canario con el objetivo de que levante la suspensión.
Añadió el viceconsejero que hay varias asociaciones que intentan «dilatar» el proceso de cumplimiento de las disposiciones de memoria histórica tanto estatales como autonómica y se mostró convencido de que de nuevo habrá «problemas y polémicas» cuando en las próximas semanas se vuelva a actualizar el catálogo.
Será previsiblemente en junio cuando se reúna la comisión técnica de memoria histórica de Canarias para tratar la actualización del catálogo en las seis capitales insulares que faltan a partir de un trabajo científico y académico «muy riguroso» que han elaborado especialistas de la Universidad de La Laguna
