Los cabildos canarios se han mostrado escépticos ante la ley del alquiler vacacional a la vez que se han mostrado a favor de su regulación
Los cabildos canarios se han mostrado este jueves algo escépticos con la ley de alquiler vacacional que se ha registrado en el Parlamento y aunque se han mostrado a favor de su regulación sín han reclamado «sensibilidad», que se escuchen sus propuestas y se atienda al equilibrio territorial.
Nereida Calero, consejera de Presidencia, Ordenación del Territorio, Accesibilidad, Informática y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, ha pedido contención en los «plazos» que se piden a las administraciones y que la nueva ley sea «operativa y sirva para algo».
En ese sentido ha dicho que «si la gente y todas las administraciones no la comparten, no la sienten suya y hay un rechazo, pues no se van a lograr los objetivos que persigue» y los objetivos que persigue «son muy, muy urgentes».
Acceso a la vivienda
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha valorado la «interlocución» abierta con el Gobierno para elaborar la ley y admitido que es «innegable» que el alquiler vacacional dificulta el acceso de los residentes a la vivienda, especialmente en las islas capitalinas, si bien entiende que en las islas menores es un complemento de «renta» para las familias.
Por ello ha pedido «razonabilidad y racionalidad» y que no se prohíba el alquiler vacacional «estableciendo parámetros de imposible cumplimiento», al tiempo de que ha advertido de los riesgos de que se pueda desnaturalizar la ley de islas verdes.
Jesús Machín, consejero de Ordenación Territorial, Política Territorial, Ordenación Turística y Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote ha valorado la «determinación» y valentía del Gobierno por afrontar la regulación del alquiler vacacional.
Ha reclamado «equilibrio y consideración» y que no se condene a las viviendas turísticas pues en muchos municipios estos ingresos sirven para costear estudios de jóvenes en Tenerife y Gran Canaria.
Asimismo ha advertido de que para los municipios de menos de 10.000 habitantes va a ser «muy difícil» cumplir con los preceptos de la nueve ley por falta de medios técnicos y humanos.
Defender el pequeño propietario
José Miguel Ruano, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Administración, Servicios Públicos y Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, se ha mostrado a favor de un decreto ley de urgencia para suspender licencias.
Ha destacado que esta nueva regulación «es un reto» y entiende que se debe facilitar que «aquellas personas que tengan simplemente una vivienda la puedan alquilar y aquellos que pretendan realizar, desde fondos de inversión y otras actividades, tengan que entrar por la vía del turismo».
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha comentado que la ley trata de defender el «interés general» de los canarios y garantizar el derecho a una vivienda digna que permita también la «preservación de la identidad» de barrios y pueblos.
Ha reconocido que el mercado de la vivienda está «tensionado» y que el alquuiler vacacional crece a una media superior al 30% y ha dicho que hay una moratoria ‘de facto’ porque no se pueden conceder «licencias nuevas hasta que no haya planeamiento».
El proyecto de ley ha contado con más de 3.300 aportaciones, impide la comercialización turística de edificios enteros y que esta modalidad no crezca en zonas tensionadas.
El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha dicho que el Gobierno ha sido «muy valiente» por afrontar la nueva regulación del alquiler vacacional pues es uno de los «grandes melones» de la Consejería de Turismo.
Ha dicho que no se puede «criminalizar» el crecimiento del alquiler vacacional en todas las islas y ha pedido especificidades por barrios, ciudades e islas, dado que en El Hierro, por ejemplo, ha permitido el desarrollo del turismo. «Para El Hierro es esencial, nuestra economía es muy frágil», ha agregado.
Grupos parlamentarios
Melodie Mendoza (ASG) ha reconocido el «paso adelante» de la Consejería pero ha advertido de que el impacto del alquiler vacacional es «desigual» y que se debe modular por territorios, con una «sensibilidad» especial para las ‘islas verdes’.
«La clave del éxito no va a estar solo en la aprobación de esta ley, sino en su correcta aplicación y, sobre todo, en la evaluación que tengamos que hacer constante de esa norma», ha señalado.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha culpado a las administraciones públicas de no garantizar el acceso a la vivienda de los ciudadanos y ha censurado los «ataques» de la ley a la propiedad privada pues un propietario «no es un especulador malvado».
«Estamos hablando de una inmensa mayoría de esos propietarios. No hablamos de grandes fondos de inversión, estamos hablando del canario medio que tiene un apartamento y que lo quiere alquilar, y hay que defender ese derecho», ha explicado.
Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha lamentado las prisas del Gobierno por regular mejor un subsector turístico que «ha venido para quedarse» por lo que esta norma es «necesaria», dado que el alquiler vacacional «despersonaliza» los barrios y afecta a la convivencia.
«Necesitamos el tiempo para no fallar, para no equivocarnos los que legislamos», ha indicado, al tiempo que ha vuelto a remarcar que «aún hay tiempo» para aprobar una moratoria.
Equilibrio entre turismo y acceso a la vivienda
Juan Manuel García Casañas (PP) ha comentado que la ley va a ayudar a lograr un «equilibrio» entre el desarrollo turístico y el acceso a la vivienda, y en el caso concreto de El Hierro, ha apuntado que el alquiler vacacional se ha convertido en un «motor económico» de la isla.
José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha vinculado la regulación del alquiler vacacional con el «desafío del reto demográfico» y se plantea por qué se quieren limitar las camas en Canarias pero solo en hoteles y apartamentos.
«Hay que poner un coto, de tal forma que siga siendo una actividad, porque ha llegado para quedarse», ha indicado, pronosticando que en el turismo va a cambiar en los próximos años y habrá demanda de viviendas en el ámbito rural.
Gustavo Santana, del Grupo Socialista, ha advertido de la falta de consenso de la nueva ley con la Fecam, por ejemplo, ha lamentado el «efecto llamada» con la inscripción de nuevas viviendas turísticas –más de 64.000 en la actualidad– y ha vuelto a pedir una moratoria.
