Un antiguo jefe de servicio de la Dirección General de Infancia asegura que el Gobierno canario conocía desde 2021 las presuntas irregularidades en los centros de menores gestionados por la asociación. La empresa continuó prestando sus servicios mientras recibía fondos públicos
La polémica en torno a Quorum Social 77, la asociación investigada por presuntos malos tratos en centros de menores de Canarias, suma nuevos testimonios. David León, antiguo jefe de servicio de la Dirección General de Protección a la Infancia, asegura que la Administración autonómica conocía desde hace cinco años las denuncias sobre el funcionamiento de estos centros y que, pese a ello, la entidad continuó gestionándolos.
León, que desempeñó funciones en el área de protección de menores migrantes del Gobierno de Canarias, sostiene que recibió desde 2021 distintos avisos sobre presuntos malos tratos en instalaciones gestionadas por la asociación. Además, denuncia que el Ejecutivo lo cesó de su puesto después de fiscalizar la actividad de Quorum Social 77.
Fondos públicos y centros bajo sospecha
El antiguo responsable también pone el foco en las cantidades que recibe la entidad por la atención a los menores. Según sus cálculos, la aportación pública oscila entre los 90 y los 100 euros diarios por cada menor. Sin embargo, asegura que la asociación seguía percibiendo ingresos vinculados a algunos de ellos incluso cuando ya no permanecían en los centros.
Las cifras que maneja León ofrecen una dimensión económica del sistema de acogida. Según explica, el Gobierno de Canarias destina cerca de 200 millones de euros anuales al mantenimiento de más de 80 centros de menores repartidos por el archipiélago.
Por su parte, desde la Dirección General de Protección a la Infancia sostienen que la Administración no puede rescindir legalmente los contratos con la asociación, pese a las denuncias que rodean su actividad.
