El presidente Sánchez acusa a la comunidades autónomas del PP de usar dinero público para hacer negocios inmorales con la sanidad pública
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a las comunidades autónomas del PP de usar el dinero público para hacer negocios que quizás sean legales pero que son inmorales, y ha atacado directamente a los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.
Madrid, un casino de Quirón
Sánchez ha asegurado que la Comunidad de Madrid se ha convertido «en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos siempre pierden». Ha exigido a las comunidades que compartan los datos sobre sanidad, dependencia y educación para ponerlos a disposición de la opinión publica porque ha recalcado que esos datos no son de las autonomías, sino de los ciudadanos.
Sánchez ha lanzado estos reproches en su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar, entre otros asuntos de la situación de los servicios públicos.
Pese a la aportación de 300.0000 millones de euros por parte del Gobierno central para reforzar esos servicios, ha lamentado que, por ideología, las comunidades del PP los estén deteriorando.
A su juicio, están usando el dinero de los ciudadanos para satisfacer las exigencias de las élites y hacer «negocios que quizás sean legales pero que son inmorales y destructIvos para las clases medidas y trabajadoras».
Madrid y Andalucía
Como ejemplo de ello y en un repaso de la actuación de algunas de esas comunidades, se ha detenido en la de Madrid para asegurar que, con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la sanidad se apaga poco a poco mientras brillan las cuentas de resultados de empresas privadas.
Con los 130.000 millones de euros transferidos en siete años, ha acusado a Ayuso de bajar en 5.067 millones de euros los impuestos a la clase alta, aumentar un 60% las ayudas a la tauromaquia, y destinar más de 5.000 millones a contratos con empresas privadas como Quirón.
Un panorama similar ha dicho que hay en Andalucía, con más de 53.800 millones de euros de financiación extra transferidos por el Estado desde 2018, que están sirviendo para rebajar casi en 200 millones de euros los impuestos a la clase alta y aumentar contratos con la sanidad privada.
Ha lamentado que en esta comunidad el número de sanitarios por habitantes se haya desplomado. También que haya en la actualidad casi 850.000 andaluces esperando diagnóstico y 200.000 aguardando una operación.
«Esto no es sólo lamentable. Es inmoral y es ilegal», ha apostillado el presidente del Gobierno. Ha comentado que lo es especialmente cuando esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras y negligencias como ha afirmado que está ocurriendo con la crisis en los programas de cribado de cáncer.
Ante ello, ha advertido de que sólo hay excusas, ceses cosméticos y manipulaciones informativas que no ayudan a resolver el problema ni a corregir las injusticias cometidas.
Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia
A renglón seguido se ha referido a la Comunidad Valenciana para afirmar que la gestión del PP está haciendo estragos no sólo por la dana. Asegura que han recibido en los dos últimos años 30.000 millones de euros adicionales en transferencias del Estado para reforzar sus servicios púbicos. Aún así, su inversión en sanidad ha caído en 743 millones de euros y sus conciertos con clínicas privadas han subido hasta superar los 376 millones.
La política sanitaria del ya dimitido presidente valenciano, Carlos Mazón, ha dicho que consistió en destinar menos recursos a los ciudadanos y más para los suyos.
En Aragón ha criticado que haya 682 camas cerradas en hospitales públicos, mientras que en Murcia, el gobierno del PP ha recortado más de 700 millones en sanidad y ha derivado más de 70 millones a clínicas privadas y al margen de la ley según el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, en Galicia ha explicado que el tiempo medio de espera para ver a un especialista ha aumentado en casi un mes, y en Castilla y León se han desviado 199 millones al año a la sanidad privada.
Desmantelar el estado del bienestar
Todo ello, y también las gestión de la educación en todas sus etapas y de la dependencia, ha considerado que es el resultado de un plan premeditado de las derechas para desmantelar el estado del bienestar y de replicar las políticas de recortes y privatizaciones de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.
Pero ha avisado de que hasta aquí han llegado porque el Gobierno no va a dejar pasar ni una más y va a defender los derechos de los ciudadanos con determinación, y, para ello, va a pedir transparencia absoluta a las comunidades.
Ha sido entonces cuando ha anunciado que pedirán los datos que tengan en materia de sanidad, educación y dependencia y los analizará por «responsabilidad, convicción y por patriotismo».
Porque, ha enfatizado, defender España «no es pasear con la bandera del aguilucho», invertir el 5 % del PIB en defensa o «criminalizar a los inmigrantes».
