Del optimismo al recelo, así ven las autonomías la propuesta de financiación

Las comunidades autónomas han recibido con diversidad de opiniones la propuesta inicial para la reforma del modelo de financiación que les remitió hace una semana el Gobierno. En general, con optimismo las del PSOE, con recelo y echando en falta algunos aspectos las del PP y con claras reticencias Cataluña.

Aunque hay tiempo hasta enero para responder al Ministerio de Hacienda y las comunidades se disponen a estudiar en profundidad el documento de 240 páginas que les remitió el departamento que dirige María Jesús Montero. Todos los gobiernos autonómicos se han pronunciado ya sobre el contenido de la propuesta y sus reacciones parecen dar la razón al presidente valenciano, Ximo Puig. Cuando anticipa que el proceso «no será fácil ni feliz».

Ximo Puig, uno de los más beligerantes en esta materia, capaz incluso de sumarse a una manifestación como la del 18 de noviembre para exigir una «financiación justa». Considera que la Comunitat Valenciana sale «fortalecida» con el documento «riguroso» que ha presentado el Gobierno. Aunque en todo caso ha reiterado que hay que mantener el principio de suficiencia financiera. Lo que a su juicio implica más recursos y que haya un reparto que «objetivamente sea justo».

Nada optimista se ha mostrado, en cambio, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha insistido en que su región recibe un «trato muy injusto», mientras su consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, califica de «indefinido» e «incompleto» el documento del Gobierno. Y teme que este reforme el sistema de financiación mediante una negociación «bilateral» con Cataluña.

Sin embargo, la Generalitat de Cataluña confía aún menos en la propuesta de Hacienda y su Departamento de Economía recela del concepto «población ajustada» sobre el que se articula el sistema. Ya que entiende que sus criterios no se ajustan a la realidad de la comunidad, y prefiere que se tenga en cuenta la población real, la paridad del poder adquisitivo y el coste de la vida y de los servicios públicos, a la vez que cree que la infrafinanciación y el déficit fiscal «difícilmente» se corregirán con un modelo «agotado».

Confianza en las comunidades socialistas

Como el Gobierno de Ximo Puig, los restantes ejecutivos socialistas se disponen a estudiar la propuesta. Ya desde un principio muestran su confianza en las posibilidades de la iniciativa del Gobierno. Es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «satisfecho» de que «empiecen a pesar más la sanidad y la despoblación» y defensor de que «los caprichos de otros presidentes autonómicos se lo paguen ellos».

Críticas de las comunidades del PP

El titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que la propuesta del Gobierno tiene «grandes defectos», «tensiona a las comunidades, no acredita que haya ningún fondo adicional. Y lo único que va a producir es un empantanamiento de alguna posibilidad de crear un nuevo sistema».

La Junta de Andalucía cree que el documento es una «huida» o «patada hacia adelante» del Gobierno, que el problema de financiación persiste y que faltan algunas cosas. Entre ellas fondos de financiación transitorio y covid, además de que no concreta cantidades.

En la Junta de Castilla y León no ven la propuesta del Ejecutivo central como un paso adelante puesto que ni incluye más recursos ni da más peso a factores como envejecimiento, dispersión o superficie. Por lo que, creen que la comunidad perdería dinero, aunque mantienen su «mano tendida». Y confían en que se corrija, eso sí, en un debate multilateral.

El Gobierno de Murcia ha lamentado que no se contemplen los criterios de equidad y suficiencia y que no se hable de los fondos de nivelación para las comunidades infrafinanciadas y covid. Por lo que ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.