Una decena de agentes convocados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles que han insistido en protestar porque se les aplique el Código Penal Militar

Un agente de la Guardia Civil destinado en Tenerife ha sido juzgado este jueves por un tribunal militar, acusado de un delito de abandono de destino al viajar a la Península estando de baja, por el que podría ser sancionado con seis meses de cárcel.

El juicio se ha celebrado, tras dos aplazamientos, en la sala de vistas del cuartel de Almeyda de la capital tinerfeña, en cuyo exterior se ha concentrado una decena de agentes convocados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que han insistido en protestar porque se les aplique el Código Penal Militar.

En la vista oral, que se ha extendido por espacio de dos horas y media, el acusado, J.F.S.C., se ha acogido a su derecho a no contestar salvo a las preguntas de su letrada. Han declarado cuatro testigos, tres de la defensa, los dos médicos que firmaron su baja y un compañero de residencia, además del teniente comandante encargado de la instrucción del expediente.

A la salida del cuartel donde ha sido juzgado ha dicho sentirse «muy decepcionado» porque cree ser víctima de un proceso «exagerado», pero «a pesar de todo quiero seguir siendo guardia civil».

Baja no inhabilitante

J.F.S.C. ha explicado a EFE que estando destinado en Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, sufrió un accidente de tráfico en el verano de 2024. Estando de baja no inhabilitante -le diagnosticaron una dorsalgia aguda y una cervicalgia–, y como quiera que «no tenía a nadie en Tenerife» que le cuidara, pidió desplazarse temporalmente a Guadalajara, para estar con su familia, y el coronel de la Comandancia provincial se lo denegó.

Una decisión que tomó en contra del criterio de los servicios médicos que le concedieron la baja, quienes no observaron contraindicación alguna en que se desplazara a la Península.

Diego Madrazo, secretario de relaciones institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha indicado que el instituto armado cuenta con un régimen disciplinario «muy severo» que podría encajar en casos como el de este compañero, al que «se ha coaccionado y sometido a un proceso militar injusto y completamente trasnochado».

Opina que someter a un compañero a un juicio militar por estos hechos supone «un acto de injusticia» que afecta a la totalidad de agentes destinados en Canarias porque «siempre va a haber un registro de vuelos».

Libertad deambulatoria

En el resto del territorio nacional, ha esgrimido Madrazo, cabe la opción de desplazarse en tren o en coche, con lo que no queda constancia, pero por encima de otras consideraciones «la Constitución consagra el derecho a la libertad deambulatoria».

«Parece que algunos mandos no quieren entender que los guardias civiles gozamos de los mismos derechos», ha afirmado el representante de la AUGC, quien cree que se utiliza el Código Militar en la Guardia Civil «como herramienta de presión».

Ha indicado que éste «está pensado para el Ejército cuando está desplegado en zona de operaciones, para defender intereses como la disciplina, la jerarquía», pero en ningún caso se puede aplicar a guardias civiles que «protegemos los derechos fundamentales en nuestro día a día». El juicio se ha celebrado en medio del debate político abierto en torno a esta cuestión.

Proposición no de Ley

Sumar registró meses atrás en el Congreso una proposición no de ley para excluir al instituto armado de la aplicación del código militar en tiempos de paz.

En la misma línea, la AUGC pide que no se les aplique el Código Penal Militar a los agentes del instituto armado salvo en contadas ocasiones, ya que, según esgrime, el 99% de sus funciones son policiales, no militares.

En 2007, se modificó el artículo 5.1 del Código Militar Penal de modo que solo era aplicable para la Guardia Civil en contadas excepciones: en tiempo de conflicto armado, en estado de sitio, en el cumplimiento de misiones de carácter militar que se les encomienden o mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas.

Pero en 2016 se revirtió esta medida y desde entonces los mandos de la Benemérita disponen de “una herramienta de abuso de poder, de autoridad, para tener coaccionados a los agentes”, lo cual supone “una anomalía en el estado de derecho”, denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles.