Los procesados se enfrentan a delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad y blanqueo
La juez de Santa Cruz de Tenerife al cargo de la trama de presunta corrupción conocida como ‘caso Mediador‘ ha concluido la instrucción de la pieza principal, con un auto en el que procesa a un total de 23 personas por 9 posibles delitos: desde cohecho a tráfico de influencias y estafa.
Entre los procesados en la trama, figuran el exdiputado socialista en el Congreso y presunto cabecilla del grupo, Juan Bernardo Fuentes Curbelo; el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, sobrino del anterior; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa; y el intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte.
La magistrada María de los Ángeles Lorenzo aprecia indicios para llevarlos a juicio por nueve delitos. Delitos como cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública, estafa, falsedad, contra la Hacienda Pública y blanqueo.
Entre los procesados, hay dos cargos públicos más del Gobierno de Canarias durante la pasada legislatura: Álvaro de la Bárcena, que fue viceconsejero de Sector Primario, y José Domingo Fernández, que fue director general de Lucha contra el Cambio Climático.
Sin relato de los delitos atribuidos a cada procesado
El auto que pone fin a la instrucción es muy escueto. A lo largo de tres folios, la juez se limita a enumerar los delitos que se atribuyen a cada procesado, pero sin relatar los presuntos hechos que cometió cada uno en esta trama de presuntos sobornos y favores.
Se da diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en el caso para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen cargos, o bien para que pidan el sobreseimiento de la causa.
De acuerdo con lo aflorado por la Guardia Civil durante la instrucción, tras el ‘caso Mediador’ hay una trama de cargos públicos y personas con conexiones con las administraciones públicas que presuntamente cobraban mordidas de empresarios para favorecer negocios, conseguir ayudas europeas o eludir sanciones.
El nexo de todos ellos era Navarro Tacoronte, el intermediario tinerfeño de cuyos teléfonos móviles se extrajeron las conversaciones, mensajes, fotografías y transferencias que conforman buena parte la prueba y que, además de presuntos delitos, describen fiestas en burdeles utilizadas para cerrar acuerdos y negocios.
A la cabeza de la trama, la Guardia Civil sitúa a dos personas: Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’, diputado del PSOE en el Congreso, que renunció a su cargo al estallar el escándalo, y Francisco Espinosa Navas, el general de la Guardia Civil en cuyo domicilio se encontraron 61.110 euros en billetes guardados en una caja de zapatos y entre la ropa de un armario.
Del primero, la investigación relata que incluso recibió en su despacho en el Congreso a varios de los empresarios que presuntamente pagaron los sobornos y, del segundo, explica que supuestamente aprovechó sus influencias con cargos públicos e importantes empresarios para favorecer intereses privados y negocios.
El auto declara procesados por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública, estafa y falsedad a Marco Antonio Navarro Tacoronte, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez y Francisco Espinosa Navas.
Empresarios procesados
También a los empresarios Antonio Bautista Prado, Raúl Gómez Rojo, Miguel Ángel Robayna García, María Inmaculada Roca Enrich, Esteban Banús Ricoma, José Santiago Suárez Esteve, Marta Isabel Suárez Cueva, Arantxa Suárez Cueva, Maximiliano Miguel Poveda Sierra y Alberto Montesdeoca García. Este último es sospechoso, además, de haber cometido un fraude a la Hacienda Pública.
Asimismo, procesa por prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y malversación de caudales públicos Álvaro de la Bárcena Argany, José Domingo Fernández Herrera, Estefanía Margarita González Núñez (jefa de servicio en la Consejería de Agricultura), Bienvenida Reyes Ojeda (exsecretaria general de la Consejería de Agricultura), y María Loreto Fuertes Díaz (funcionaria que fue miembro del Comité de Valoración de Subvenciones de la Consejería de Agricultura).
Finalmente, aprecia indicios de blanqueo de capitales en la actuación de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el empresario Miguel Ángel Robayna García, Irene Megolla Pérez (pareja del Mediador), Rubén Fuentes Pérez, Celedonio Castro Marrero y Cristian Mauricio Lillo Meza.
