Los ecologistas denuncian que la propuesta legislativa “disminuye el control ambiental y amplía la discrecionalidad administrativa»

El colectivo ecologista La Centinela ha presentado más de 60 alegaciones al borrador del Proyecto de Ley de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y ha advertido de un “grave retroceso en las garantías ambientales, jurídicas y participativas”, exigiendo la retirada o una reforma sustancial del texto.

Según denuncia La Centinela, la propuesta legislativa “disminuye el control ambiental, amplía la discrecionalidad administrativa y socava la protección del suelo rústico y de los espacios naturales”, todo ello bajo el paraguas de una simplificación normativa, que desde el colectivo consideran como “un giro político que desprotege el territorio y favorece la especulación”.

Ley del Suelo

Una de las principales preocupaciones que recoge el documento de alegaciones es el impacto de la ley sobre el suelo rústico, cada vez más presionado por intereses turísticos y, más recientemente, por proyectos vinculados a grandes compañías energéticas.

En este contexto, La Centinela ha recordado que Canarias registró en 2023 el precio medio más alto de suelo rústico en toda España, con 146.885 euros por hectárea, casi quince veces más que la media estatal, una cifra que, según la asociación, pone de manifiesto el carácter especulativo del mercado insular.

Ecologistas La Centinela

El borrador del Gobierno justifica parte de su articulado como una respuesta al “reto demográfico” y la lucha contra la despoblación rural, aunque La Centinela rebate este planteamiento y afirma que la flexibilización normativa “no sirve para fijar población, sino para inflar los precios y atraer inversiones ajenas a la vocación del suelo rústico”.

A juicio de la organización, la reforma traerá “más turismo, más presión inmobiliaria y menos acceso a la tierra para agricultores, ganaderos y residentes”.

Evaluaciones ambientales

Entre los aspectos más críticos señalados por el colectivo ecologista figuran también la exclusión o debilitamiento de las evaluaciones ambientales, el uso de conceptos jurídicos indeterminados y la reducción de los tiempos de exposición pública.

A su entender, estos elementos vulneran principios básicos como la seguridad jurídica, la protección ambiental y el derecho a la participación ciudadana.

Para La Centinela, aprobar esta reforma supondría “continuar la escalada del precio del suelo rústico”, alejándose de su función social, ambiental y productiva, y agravando los problemas de acceso a la tierra y la vivienda.