Organizaciones sociales han denunciado el decreto que regula el acceso a la vivienda protegida por discriminatorio y racista

El decreto del Gobierno de Canarias que regula el acceso a la vivienda protegida ha sido recurrido en los tribunales por organizaciones sociales que reclaman anularlo alegando que es ilegal por discriminatorio y racista, según han anunciado este martes.

Portavoces de la plataforma Derecho al Techo y del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), promotores de la iniciativa, han asegurado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde han presentado su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, estar convencidos de que su demanda será atendida porque la norma que cuestiona vulnera garantías constitucionales y europeas.

Puesto que el Decreto 23/26 de Acceso a la Vivienda Protegida establece condicionantes temporales y económicos para poder ser solicitante de una casa social que impiden que se inscriban como tales, precisamente, a los colectivos que más ayuda necesitan para conseguir un hogar.

Familias con recursos escasos o inmigrantes son algunos de esos perjudicados por una política de la que deberían ser beneficiarios prioritarios, al establecer la norma niveles de ingresos económicos y de arraigo en las islas demostrando haber residido en ellas más de una década que hacen que, en lugar de ser una herramienta de auxilio a los más necesitados, sea un mecanismo de discriminación, según ha expuesto la portavoz de Derecho al Techo Sofía Olivares.

Discriminador e ilegal

Las organizaciones denunciantes alegan que el decreto es discriminador e ilegal, además, porque rechaza como solicitantes de casas sociales a inquilinos cuyo contrato esté por vencer y personas que se hayan visto envueltas en situaciones de desalojo o desahucio, «que también suponemos que son de los colectivos que más podrían necesitar ese tipo de viviendas protegidas», ha añadido.

Miguel Ruiz, abogado que ha elaborado y presentado el recurso, ha concluido que se trata de «un decreto que trata de excluir a gran parte de la población que necesita una vivienda en Canarias».

El letrado ha declarado: «creemos que es muy importante luchar jurídicamente contra estos mecanismos excluyentes, discriminatorios y que tratan, de alguna forma, de cambiar un principio constitucional fundamental de nuestras sociedades, que es la igualdad, por otro que es el de preferencia étnico-racial».

Estrategia del Gobierno canario

Derecho al Techo y Observatorio DESCA sostienen, al tiempo, que el establecimiento de esta norma del Gobierno de Canarias obedece también a una estrategia del Ejecutivo encaminada a «maquillar las cifras reales de necesidades de vivienda» del archipiélago, ha dicho.

La razón es que, en lugar de identificar el volumen real de gente que tiene problemas para acceder a un hogar, «lo que hace es excluir de forma automática a muchísimas, muchísimas personas» de las más afectadas por esta carencia.

Miguel Ruiz ha insistido, por otra parte, en la convicción de los demandantes de que la Justicia les dará la razón porque ya hay precedentes de normas aprobadas en Europa buscando «discriminar a través de requisitos como el arraigo a un territorio o la residencia y de nuevo todos los tribunales han dictaminado que este tipo de medidas son ilegales».

«Por lo tanto, para nosotros la sorpresa es que, después de toda esta jurisprudencia amplia en todo el mundo, se trate de nuevo de volver a plantear este tipo de medidas que son conocidamente ilegales», ha apostillado.