Con el rechazo del Gobierno de España, el Reglamento de Retornos, aprobado con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, pretende agilizar también las deportaciones

El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor del texto legal del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.

Los eurodiputados avalaron el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.

Tras la votación, los grupos políticos de la derecha celebraron con aplausos y gritaron en coro «Send them back!» (enviadlos de vuelta, en inglés), mientras que los eurodiputados que no estaban de acuerdo con la normativa corearon «Shame on you» (dais vergüenza, en inglés).

El texto aprobado contempla la obligación de abandonar inmediatamente o en un plazo determinado el territorio comunitario a personas de fuera de la UE que no estén en situación regular, aunque «respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional», explicó el Parlamento Europeo en un comunicado.

Entre estos derechos se incluyen el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas.

Detenciones de hasta 30 meses

Estos ciudadanos que hayan recibido una orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. En los casos en los que no se coopere, si existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo para la seguridad, se contemplan detenciones que deben ser ordenadas por autoridades judiciales o administrativas y que pueden alargarse hasta 24 meses, con la posibilidad de prorrogarse otros seis.

En el caso en el que este ciudadano se traslade a otro Estado miembro, este período comenzaría aplicarse de nuevo.

También se contemplan «acciones de investigación específicas para preparar o garantizar un retorno efectivo» entre las que se encuentran los registros de personas, viviendas o locales previa autorización judicial, incluida la incautación de efectos personales y dispositivos electrónicos.

Acuerdos con terceros países para centros de retorno

Según las nuevas normas, será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno, a excepción de los menores no acompañados, a los denominados «centros de retorno» situados en el territorio de un país que acepte acogerlos, en base a un acuerdo que los Estados miembros deberán negociar por su parte.

En la actualidad, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia negocian conjuntamente con terceros países -que no han trascendido- para poner en marcha estos centros de retorno.

Antes de ponerlos en marcha, las autoridades nacionales deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros.

Rechazo de España

El pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.

«Europa ha cumplido. Los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen. Por eso mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi veinte años de bloqueo, Europa va a contar con ellas», dijo el eurodiputado neerlandés Malik Amazani (Renew), responsable de la tramitación parlamentaria del texto.

El eurodiputado popular Tomas Tobé sostuvo que «Europa debe tener la capacidad de decidir quién entra, quién se queda y quién debe regresar» y que la votación de hoy «devuelve la credibilidad a nuestra política migratoria y vuelve a situar la aplicación de la ley en el centro de la misma».

Para el socialista Juan Fernando López Aguilar, la nueva norma «socava derechos fundamentales reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y se aleja de los compromisos asumidos en el Pacto sobre Migración y Asilo»

Por su parte, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, el Reglamento «garantiza la cooperación con terceros países, la lucha contra esa inmigración ilegal, el establecimiento de un procedimiento común de retorno a toda Europa y una cuestión fundamental para luchar contra el fraude de las mafias y de la inmigración ilegal».

El texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo y, posteriormente, será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, antes de su entrada en vigor.

Algunas disposiciones, entre ellas las relativas a los centros de retorno, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos, se aplicarán de inmediato, mientras que otras que requieren medidas preparatorias entrarán en vigor 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.