La Audiencia de Las Palmas archiva la causa de Ramírez al no apreciar ningún delito en ella

La Audiencia de Las Palmas ha archivado la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por el supuesto fraude a la Seguridad Social que se atribuía a las compañías de seguridad privada Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novosegur, al no apreciar ningún delito en ella.

Sobre esta conclusión, el tribunal revoca además el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que declaró completa la investigación y dejó el caso casi listo para juicio, sin llegar a entrar en si Ramírez era o no el administrador de hecho que se ocultaba tras esas dos firmas, cosa que sostenía la Fiscalía de Delitos Económicos, pero que el empresario siempre ha negado.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la sección primera de la Audiencia razona que, al comprobar que no hay indicios de delito en los litigios que Sinergias y Novosegur tenían abiertos con la Seguridad Social sobre sus cotizaciones, procede archivar el caso, sin necesidad de plantearse cuál era el papel de Miguel Ángel Ramírez y el resto de procesados en esas dos empresas de seguridad privada.

Seis años de cárcel por fraude

En esta causa ahora anulada, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se exponía a una solicitud de condena de seis años de cárcel por delitos de fraude en cotizaciones a la Seguridad Social.

La Fiscalía sostenía que esas dos compañías habían eludido el pago de más de 790.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social por la vía de imponer a sus trabajadores convenios laborales propios con salarios inferiores a los estipulados en el convenio de su sector.

Y defendía que las personas que figuraban como administradores de esas dos empresas eran una suerte de testaferros de Miguel Ángel Ramírez, a quien acusaba de ser el administrador de hecho de ambas.

«Siempre cotizó a la baja»

El juzgado que instruyó el caso consideró que ya había recabado indicios suficientes para conformar el procedimiento abreviado y emplazar a las partes a que formularan cargos y solicitaran juicio.

Sin embargo, la Audiencia enmienda su decisión, porque no considera que en las diferencias que existían entre la Seguridad Social y las dos firmas haya motivos para que entre la jurisdicción penal.

De Sinergias de Vigilancia y Seguridad, dice el tribunal que «siempre estuvo empeñada en aplicar su criterio y siempre cotizó a la baja», pero añade que, al mismo tiempo, siempre pagó lo que consideraba que debía y avaló las cantidades añadidas que le reclamaban. Y, cuando los jueces de lo contencioso administrativo dieron la razón a la Seguridad Social, «claudicó», añade el auto.

No hay indicios de «hecho punible»

Por ello, los magistrados reconocen a la empresa una voluntad de litigar y defender de sus intereses de forma lícita, pero no de defraudar. El suyo fue, resaltan, «un actuar reglado y transparente que difícilmente puede casar con un actuar evasivo y torticero».

En cuanto a Novosegur, la Audiencia concluye que ni las acusaciones ni el juez instructor han aportado indicio alguno contra esa empresa que pueda tomarse como «hecho punible».

Por ello, los magistrados creen «irrelevante» plantearse si Miguel Ángel Ramírez era o no el administrador de hecho de ambas firmas, porque, en lo que a la Audiencia le incumbe, esa supuesta condición no está vinculada a la comisión de delito alguno.

Fianza de 5 millones de euros

Fuentes de la defensa han precisado a EFE que en esta causa Ramírez no solo se exponía a penas de prisión, sino que tuvo que aportar una fianza de cinco millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles de una sentencia condenatoria.

Esta era la segunda causa que el presidente de la UD Las Palmas tenía abierta por supuestos delitos de fraude a la Seguridad Social en compañías del sector de la seguridad privada.

En la anterior, relativa a Seguridad Integral Canaria, fue absuelto en abril de 2024 después de que la Audiencia de Las Palmas fallara que uno de los instructores, el juez Salvador Alba, había provocado su nulidad al manipularla para intentar perjudicar a su antecesora en el Juzgado, la también magistrada Victoria Rossell. En ella, la Fiscalía solicitaba 21 años de prisión para el empresario grancanario.