Los menores han sido reubicados a la península «sin ningún problema de convivencia»
Casi 1.000 menores migrantes no acompañados han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas con menor presión migratoria en apenas cinco meses, un proceso que ha culminado sin que se haya producido ningún problema de convivencia.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que, del listado inicial con 1.000 jóvenes, finalmente fueron 693 los susceptibles de ser traslados, los cuales ya están todos en el sistema de protección internacional gestionado por el Gobierno central: 440 de ellos están ya en la península, 127 permanecen en Canarias y 126 han cumplido la mayoría de edad e igualmente han pasado al sistema de asilo.
De esos 127, casi 100 han pedido quedarse en el archipiélago por tener arraigo en las islas y 29 podrán ser reubicados: «Indudablemente, se ha acabado el hacinamiento», ha valorado el ministro, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración.
Ley de extranjería
En cuanto a la reforma de la ley de extranjería, que creó un mecanismo para, por primera vez, acoger a estos jóvenes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla entre otras las comunidades para que no se hicieran cargo de ellos solo las de llegada, Torres ha recordado que existen dos procedimientos.
Uno de ellos es el que establece que, en un plazo de 15 días, tienen que ser trasladados a otras comunidades todos los jóvenes que lleguen a una autonomía ya declarada en contingencia migratoria: actualmente, Canarias, Ceuta y Melilla. El ministro ha celebrado que hoy se está tardando entre 20 y 25 días en completar el proceso.
Comunidades a distintas velocidades
En el caso de Canarias, Torres ha detallado que el Gobierno central ha culminado en total 523 expedientes positivos pero solo se han trasladado 174, un 33,26 %, mientras que la situación en Ceuta y Melilla es algo diferente: en la primera ciudad autónoma se ha trasladado 260, el 77,38 %, y en la segunda 52, lo que supone el 82,53 %.
«Las velocidades no son las mismas», ha valorado el ministro, antes de «tender la mano» a los gobiernos autónomicos para «caminar» ya que, según los plazos del real decreto que reformó la ley de extranjería, el próximo mes de marzo tendrían que estar reubicados todos estos menores.
Torres pide una reflexión al PP y Vox
Para el ministro, el hecho de que la convivencia se mantenga «de manera totalmente normalizada» debería hacer reflexionar al PP y Vox, partidos que votaron en contra del real decreto ley para crear este modelo de reubicación.
A este se oponen la gran mayoría de comunidades gobernadas por el PP: once autonomías han recurrido la norma al Tribunal Constitucional -todas del PP menos Castilla-La Mancha– y algunas, como Madrid, también han recurrido ante el Supremo algunas de las decisiones del Ejecutivo al respecto y las propuestas de traslado que les afectan.
«Lo que estamos haciendo es defender los derechos humanos de personas que son vulnerables porque son menores de edad y cuyo único fin es tener la mejor de las respuestas por parte de los organismos públicos», ha aclarado Torres.
Pablo Rodríguez, consejero de obras públicas del Gobierno de Canarias, ha contestado al ministro a que el decreto es complementario a la agenda canaria y que está sustentado por el Régimen Económico y Fiscal, y por el estatuto de autonomías.
