La aprobación en el Parlamento de Canarias del decreto ley se llevó a cabo con la abstención de la oposición y el sí de los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias
El Parlamento de Canarias ha convalidado este jueves, con la abstención de los grupos de la oposición, el decreto ley de medidas fiscales y de gestión de los fondos europeos Next Generation, que incluye además modificaciones destinadas a agilizar los procedimientos de acreditación y funcionamiento de centros y servicios de atención a la dependencia.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha defendido la convalidación de la norma, que no se va a tramitar por la vía de urgencia, porque, según ha explicado, responde a la necesidad de adaptar el marco jurídico a problemas concretos que requieren soluciones inmediatas y de eliminar obstáculos para una actuación «más ágil y eficaz» de la administración.
Tres ámbitos
Delgado ha señalado que el decreto aborda tres ámbitos: la fiscalidad, la gestión de los fondos europeos y los servicios sociales y la dependencia, con el objetivo de adecuar la normativa a la realidad y evitar que la burocracia perjudique el interés general de los ciudadanos.
En materia de dependencia, ha destacado que Canarias ha mejorado su capacidad para tramitar y resolver expedientes y que se está avanzando en la reducción de los tiempos y en el reconocimiento de derechos, pero ha advertido de que el siguiente reto es conseguir que esos derechos se traduzcan en atención efectiva «cuanto antes».
«La persona tiene que recibir el servicio, la prestación o plaza reconocida», ha señalado la consejera, que ha defendido la simplificación de los procesos administrativos necesarios para abrir nuevos centros y servicios, manteniendo la fiscalización, inspección y control por parte del Gobierno.
Delgado ha apuntado que el 60 % de los centros y servicios incluidos en convenios con los cabildos están pendientes de acreditación, por lo que ha considerado necesaria la agilización de los procedimientos.
Los grupos de la oposición se abstienen
Natalia Santana (NC) ha respaldado algunas de las medidas tributarias y las relativas a los fondos Next Generation, pero ha criticado que el Ejecutivo haya aprovechado el decreto para modificar la Ley de Servicios Sociales.
A su juicio, se trata de una modificación introducida «por la puerta de atrás» y ha reclamado que se tramite mediante otro procedimiento, con participación de los grupos parlamentarios, colegios profesionales, trabajadores, familias y plataformas.
En la misma línea, la socialista Elena Máñez ha afirmado que su grupo apoyaría el decreto si se limitara a las medidas fiscales y sobre fondos europeos, pero ha rechazado las modificaciones en materia de dependencia por considerar que hurtan el debate parlamentario.
También ha cuestionado la falta de personal en el servicio de inspección y la utilización de la declaración responsable para determinados procedimientos.
Por su parte, la diputada de Vox, Paula Jover, ha criticado que los decretos ley reduzcan la capacidad legislativa del Parlamento y ha considerado que la norma constituye «un ejemplo más del caos normativo» del Gobierno, al reunir medidas de ámbitos diferentes.
Respaldo de los grupos del Gobierno
Sin embargo los grupos que apoyan al Gobierno han respaldado el decreto, entre ellos el PP, cuyo diputado Fernando Enseñat ha señalado que la dependencia constituye la parte «más importante» del decreto y ha afirmado que detrás de cada expediente hay una familia que espera una solución.
Ha cifrado en 16.000 los canarios que siguen sin recibir una prestación que ya les ha sido reconocida y ha defendido la necesidad de aumentar los servicios y acabar con los obstáculos administrativos.
Desde Coalición Canaria, Socorro Beato ha lamentado la falta de consenso en torno a las medidas de dependencia y ha defendido la agilización de los procedimientos para que las prestaciones y servicios lleguen antes a los ciudadanos.
También el diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta, ha respaldado la convalidación al considerar urgente actuar en materia de dependencia, mientras que Melodie Mendoza (ASG) ha destacado que el decreto mejora la seguridad jurídica, protege la ejecución de los recursos europeos y facilita que los derechos sociales reconocidos se transformen en servicios efectivos.
Claves del decreto convalidado
En materia fiscal, el decreto ley elimina la referencia al tipo superreducido del 3 % para los productos derivados del refino del petróleo en el IGIC, con el objetivo de aclarar su tributación, y adapta la regulación de los biocarburantes mezclados con gasolinas y gasóleos.
Asimismo, establece hasta el 31 de marzo de 2027 un tipo cero del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) para la importación de dióxido de carbono, debido a la paralización temporal de la producción de la empresa canaria de la que se obtiene este gas.
Además elimina el requisito de que las sociedades de garantía recíproca tengan su domicilio social en Canarias para poder aplicar un tipo del 0,1 % en la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En relación con los fondos europeos Next Generation, la norma modifica los límites de los compromisos de gasto plurianuales y de la tramitación anticipada de expedientes financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El objetivo es adaptar la normativa canaria a los nuevos calendarios de ejecución y evitar la pérdida de financiación europea.
Tercer bloque
El tercer bloque de medidas afecta a los servicios sociales y al sistema de atención a la dependencia. El decreto ley modifica la Ley de Servicios Sociales de Canarias para facilitar la puesta en funcionamiento de centros y servicios mediante declaración responsable y regular la acreditación administrativa como garantía de calidad para su vinculación con el sistema público.
La norma atribuye además a la Comunidad Autónoma capacidad para crear, financiar, organizar y gestionar plazas y recursos de atención residencial, centros de día y de noche y otros servicios vinculados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuando exista insuficiencia de recursos, demora en el acceso efectivo a las prestaciones, urgencia social o desequilibrio territorial.
